El Gobierno ha fortalecido el papel de las comunidades energéticas, en las que participan consumidores, industrias y empresas de diferentes sectores. Ahora, por ley, se les garantizará un acceso justo a la red eléctrica, al igual que otros participantes del sector. Además, se eliminarán los obstáculos administrativos que han enfrentado para su implementación. Todo esto ocurre en un momento en el que se intensifican las sospechas sobre las barreras impuestas por las compañías eléctricas hacia aquellos que optan por el autoconsumo, los ciudadanos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encuentra investigando esta situación.
Estas medidas de protección se encuentran en el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. Con la excusa de trasponer una directiva europea sobre las comunidades de energía, el Ministerio de Transición Ecológica también ha incluido dos nuevos artículos en la ley del sector eléctrico. Estos artículos garantizan que tanto estas comunidades como las comunidades ciudadanas de energía no estén sujetas a condiciones injustas o discriminatorias, ni se les impida participar debido a procedimientos restrictivos.
En este contexto, el Gobierno aprovechó un decreto-ley de medidas anticrisis para fortalecer el papel y las oportunidades de las comunidades energéticas renovables y ciudadanas. Estas comunidades, formadas por particulares, pequeñas administraciones y empresas, generan electricidad conjuntamente y la distribuyen según su participación, con la opción de vender los excedentes.
A diferencia del autoconsumo residencial, estas comunidades son entidades colectivas con control efectivo ejercido por sus miembros, que se involucran directamente en la implementación de medidas relacionadas con energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.
Directiva europea y protecciones legales
Desde la semana pasada, estas comunidades tienen definiciones y protecciones legales en España, en cumplimiento de una directiva europea. Se les otorgará cupos específicos en las subastas de energías renovables y se les reservará capacidad en los puntos de conexión a la red eléctrica. Además, se busca abordar las dificultades y obstáculos denunciados por los usuarios en relación con el acceso a la red y el autoconsumo, asuntos que actualmente investiga la CNMC.
Para garantizar un trato igualitario, se han realizado enmiendas a la ley del Sector Eléctrico. Estas enmiendas establecen que las comunidades de energías renovables y ciudadanas deben recibir el mismo trato que las empresas y consumidores finales, incluidos los domésticos. Se prohíbe imponer condiciones injustificadas o discriminatorias, y se reconoce su papel en la producción, consumo, almacenamiento y venta de energía renovable. También se insta a las administraciones públicas a facilitar su desarrollo y eliminar obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados.
Además, la ley establece que cuando estas comunidades vendan parte de la energía generada, deberán cumplir con los cargos, gravámenes e impuestos pertinentes, al igual que las compañías distribuidoras.
